Organisaciónes oficiales

La Academia Internacional contra la Corrupción (IACA, del inglés International Anti-Corruption Academy) es una organización internacional situada en Laxenburg cerca de Viena, Austria. La Academia pretendo contribuir con la lucha contra la corrupción, subsanando las deficiencias que presentan los conocimientos y las prácticas anticorrupción. De esta manera, la organización busca formar una nueva generación de expertos en este campo por medio de una propuesta de enseñanza cuidadosamente diseñada para capacitar a profesionales de todos los sectores de la sociedad. La IACA está compuesta por 58 Estados miembros de las Naciones Unidas y 3 organizaciones internacionales.

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es la segunda y última instancia administrativa en el procedimiento sancionador iniciado a funcionarios y/o servidores públicos por la comisión de infracciones graves o muy graves,​ derivadas de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control. Es un órgano colegiado adscrito a la Contraloría General de la República del Perú, con independencia técnica y funcional en las materias de su competencia y autonomía en sus decisiones.​ El marco legal que regula su actuación está conformado por la Ley N° 29622, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, el Reglamento del TSRA aprobado por Resolución de Contraloría N° 244-2013-CG y la Directiva N° 010-CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 129-2016-CG. El Tribunal Superior es de competencia nacional y tiene su sede en la Av. Arequipa N° 980, Lima - Lima, estando habilitado para sesionar en otras localidades del país por acuerdos de la mayoría de sus integrantes.

La Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre oficial es Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es una Fiscalía Especial, integrada en el Ministerio Fiscal español y dependiente de la Fiscalía General del Estado, con competencias en todo el territorio nacional, que investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción.