Tráfico de influencias

Los casos judiciales relacionados con corrupción política en España se reflejan, en 2015, en unas 1700 causas y más de 500 imputados o investigados (de los cuales únicamente 20 han sido condenados y entrado en prisión).​ En 2013, según el Consejo General del Poder Judicial, en España se investigaban 1661 casos de corrupción. Las comunidades autónomas con más casos en fase de investigación judicial eran Andalucía (8 440 300 hab.) con 541, y la Comunidad Valenciana (5 129 300 hab.) con 200 casos, y la que menos La Rioja (323 600 hab.)

El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Según Murídicas,2​ en países donde se ejerce la meritocracia (en su concepción de darwinismo social), el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Viene determinada por el propio empresario, propietario y gestor de los bienes de producción, en su propio interés y provecho. De acuerdo con el numeral del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". Por lo que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público.

El término pantouflage designa de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y eventualmente produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, generalmente en beneficio del interés privado y en perjuicio del interés público. Algunos sociólogos hablan también de "rétro-pantouflage"​ en el caso de altos funcionarios que han desarrollado sus carreras en los gabinetes ministeriales, para luego marcharse al sector privado, volviendo a un puesto de más importancia a cambio del "sacrificio" financiero que constituye esa vuelta a la función pública. El "pantouflage", especialmente cuando no se da en una situación de transparencia, conlleva una problemática ética y deontológica relacionada con la intromisión de las esferas de interés de las grandes empresas con las del interés general público.

El tráfico de influencias es una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable, consistente en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial. Naturalmente se buscan conexiones con amistades o conocidos para tener información, y con personas que ejerzan autoridad o que tengan poder de decisión, y a menudo esto ocurre a cambio de un pago en dinero o en especie, u otorgando algún tipo de privilegio. No obstante, la naturaleza ilegal del tráfico de influencias es relativa: la OECD ha utilizado a menudo la expresión "tráfico indebido de influencias" para referirse a actos ilegales o cuestionables de lobbying. El tráfico de influencias está penalizado en Francia, España, Portugal, Perú, Bélgica, Brasil, México, Argentina, Rumania, Colombia, Guatemala, Cuba, Costa Rica, y Venezuela