Trabajo irregular o mal registrado

La explotación laboral se define como recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños abusos hasta los talleres de trabajo esclavo. Karl Marx desarrolló su teoría de la economía del capitalismo con base en la idea de explotación laboral (esa diferencia que no se le paga al trabajador, y que se la queda el capitalista, es llamada plusvalía). Aunque un trabajo mal pagado para lo que se realiza suele ser lo que define a la explotación laboral, en sentido amplio puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral.

El trabajo irregular, o más coloquialmente trabajo en negro, trabajo en B o trabajo sumergido, es el empleo no registrado o bien inexactamente registrado (falsificación en fecha de ingreso en los recibos de sueldo, falsa remuneración). Libera tanto al empleador como al empleado de cargas impositivas correspondientes a la jubilación y seguridad social de éste. Libera también al empleado del pago de los tributos directos correspondientes a los ingresos. Según un estudio de la Fundación de Estudios Financieros en 2013, en España cerca de 4 millones de personas están realizando algún tipo de actividad laboral no declarada. De ellas, cerca de 1,3 millones serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte de la misma sin declarar

Se denomina economía informal o economía irregular a la actividad económica oculta sólo por razones de elusión fiscal o de controles administrativos (por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria). La economía informal o irregular forma parte de la economía sumergida al lado de las actividades económicas ilegales (por ejemplo, la facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y el terrorismo). La economía sumergida, en la medida en que se transforma en Renta Nacional y acaba integrada en la Demanda agregada, resulta incluida en el dato estadístico del Producto Interior Bruto (PIB), como consecuencia del ajuste de los métodos empleados para estimarlo.

El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución y al estado actual o al imperio de la ley. Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la "regla de oro" del derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.